Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, abre la puerta al debate sobre la decisión de cómo morir, en un país en el que la eutanasia se castiga hasta con 12 años de cárcel
«Se promoverán reformas en los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna». Así ha adelantado Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte, una propuesta que no había aparecido durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que pretende garantizar el derecho de los pacientes terminales a mitigar el sufrimiento antes de morir. La propuesta de la futura secretaria de Gobernación es aplicar en todo México la ley de voluntad anticipada, que ya existe en 11 Estados del país, pero no es equiparable a la eutanasia, que aún se castiga hasta con 12 años de cárcel.
El anuncio de Sánchez Cordero se produjo la semana pasada en una reunión con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y el audio de la conferencia llegó a los medios mexicanos siete días más tarde. La voluntad anticipada es un documento en el que una persona con una enfermedad irreversible puede decidir qué clase de cuidados quiere o no recibir en sus últimos días. El deseo entra en vigor cuando el paciente ya no es capaz de expresarlo.
Los dos principales objetivos son crear un formato homologado para todos los Estados y un registro nacional para que las voluntades se reconozcan sin distinciones. «Es un paso importantísimo, para empezar a ver la muerte de otra manera y planear cómo queremos morir», asegura Amparo Espinosa, presidenta de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD).
El último episodio del debate había sido la consagración del derecho a la muerte digna en la Constitución de la Ciudad de México, que se promulgó en febrero del año pasado y que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre. «La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna», se establece en el artículo sexto de la Carta Magna.
El texto provocó confusión y rechazo desde algunos sectores de inmediato. «Ciudad de México incluye el derecho a la eutanasia en su nueva Constitución», se advertía en varios titulares de la prensa local e internacional. Era falso. La eutanasia no se consagró en la nueva legislación, pero sí se abrió la puerta al debate en el futuro. «La eutanasia y el suicidio son solo una parte de la discusión sobre la muerte digna», explica Espinosa sobre un tema que sigue siendo tabú.
«El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión, si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a 12 años», señala el Código Penal federal. Un cambio sobre el estado legal de la eutanasia tendría que resolverse con cambios específicos en el marco legal del país.
De acuerdo con una encuesta de la DMD, un 68,3% de los mexicanos cree que un paciente debería tener la opción de decidir su muerte y un 56,4% está a favor de que un médico lo ayude a morir proporcionándole sustancias letales. Siete de cada 10 encuestados afirman que deben cambiar las leyes para que los enfermos puedan acabar con su vida si así lo deciden.
La asociación asegura que los resultados son favorables, incluso, entre encuestados que se identificaron como católicos (un 68%) y evangélicos (un 51,5%). La DMD reconoce también que el tema de voluntad anticipada está apenas en ciernes en México y que solo un 12% conoce este instrumento legal para evitar que se prolongue el sufrimiento.
Juntos haremos historia, la coalición de López Obrador, consiguió la mayoría en el Congreso y en el Senado tras la elección del pasado 1 de julio. El presidente electo ha recibido críticas por mostrarse ambiguo en torno a temas polémicos como la adopción y el matrimonio homosexual, así como por su alianza con el ultraconservador Partido Encuentro Social, que tendrá 55 diputados, pero perdió el registro al no superar el umbral del 3% en las votaciones. Es probable que las palabras de Sánchez Cordero, una de las apuestas más ambiciosas de su próximo Gabinete, sean también un adelanto de los primeros escollos que tendrá que superar la coalición electoral en el terreno legislativo.
El País
