El Consejo Nacional Ciudadano advirtió en su recomendación 01/2018 que el Estado mexicano está lejos de cumplir.
Si alguien conoce el camino tortuoso que representa buscar verdad y justicia en este país es Grace Fernández. Su hermano Dan Jeremeel Fernández fue secuestrado en diciembre de 2008 por tenientes de la XI Región Militar de Torreón y desde entonces Grace se unió a la búsqueda de los desaparecidos a través del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Tras ver la magnitud de las desapariciones en todo el país se integró al movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, que hoy agrupa a más de 50 organizaciones de familiares, 40 organizaciones de sociedad civil y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otros.
Los familiares de desaparecidos como Grace Fernández lucharon por años para tener una Ley de Desaparición Forzada que les diera las herramientas jurídicas y operativas para encontrar a sus familiares. La presión y demanda al Estado mexicano rindió frutos y el 16 de noviembre el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Lo que parecía una gran victoria de los familiares de desaparecidos hoy está en riesgo. A ocho meses de la promulgación, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emitió su primera recomendación (01/2018) a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), por considerar que «está en riesgo la adecuada implementación de la Ley General».
«Si bien construimos una ley y ya está la institución, no ha empezado a trabajar. Tenemos un Comisionado pero no hay una Comisión. Existe en el papel, son ocho personas las que están en la Comisión y están en calidad de préstamo desde la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ni siquiera están adscritos a la Comisión. Hoy en día sigue como una institución en el papel que empieza a querer surgir, pero que no le facilitan los recursos», dijo Grace Fernández, hermana de Dan Jeremeel e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El Consejo Ciudadano documentó que no hay recursos suficientes para poner en marcha las tareas básicas de búsqueda e investigación, que hay desconocimiento de la Ley General, que existe una falta de coordinación entre autoridades de distintos órganos de gobierno e incluso entre una misma institución, y que no se ha garantizado adecuadamente la participación de los familiares en la construcción de los instrumentos de política pública, pese a que está establecido en la Ley.
«Es fundamental que las autoridades nos tomen en cuenta como familiares. Somos los que sabemos lo que funciona y lo que no en este sistema, las familias hemos salido a hacer búsqueda tanto en vida como en muerte», dijo Michelle Quevedo Orozco, hermana de Gerson y Alan Quevedo, quienes fueron asesinados en Veracruz en 2014.
Para Humberto Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos y Combate a la Impunidad de Fundar, una de las razones de la no implementación de la Ley General de Desapariciones ha sido la falta de un rol destacado por parte del gobierno federal. Esto, pese a que en la promulgación de la Ley, Peña Nieto dijo que la desaparición de una persona cercana era una de las tragedias más dolorosas que puede sufrir un ser humano y que obliga al Estado a intervenir.
A la fecha, solo 13 entidades cuentan con una fiscalía especializada en funcionamiento en materia de desaparición de personas y en algunos estados no han comenzado a legislar en materia de desaparecidos. «Entonces no hay ley, no hay armonización, no hay comisión, ni siquiera hay fiscales especializadas, entonces ni cómo bajen recursos», dijo al HuffPost Grace Fernández.
«Llevamos seis meses en los que esta ley no opera, no aterriza» Francisco Olvera, integrante del Consejo Ciudadano.
En la recomendación 01/2018, el Consejo Ciudadano recoge las cifras que ilustran la crisis que se vive en México: «De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el año 2007 y hasta el 30 de abril de 2018 se registraron 36 mil 743 personas desaparecidas y conjuntamente hasta el año 2016 se registraron más de mil fosas clandestinas, con más de 15 mil cuerpos y casi 6 mil restos sin identificar en la gran mayoría de las entidades federativas del país».
Para Grace Fernández, el problema podría ser aún peor. «Tenemos conocimiento de que PGR tiene cientos de miles de restos pendientes por procesar entonces si no sabes quiénes son, también los sumas a la lista de desaparecidos, porque son personas a las que tienes que identificar y buscar a sus familias. Entonces son cientos de miles de desaparecidos».
Los familiares de desaparecidos están conscientes de que el 30 de noviembre es el último día de esta administración y por esta razón han comenzado a comunicarse con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, como señala Santiago Corcuera, especialista en derechos humanos y miembro del Consejo, la búsqueda de desaparecidos se trata de una política de Estado, no de gobierno, por lo que es responsabilidad del Estado mexicano atender a las víctimas, independientemente de quién esté en el poder.
*Huffington Post
