El presidente electo de México anuncia su plan para combatir la corrupción y acabar con los excesos de la alta burocracia
ndrés Manuel López Obrador ha dibujado las líneas maestras de su plan de austeridad a dos semanas de su aplastante victoria en las urnas. El próximo presidente de México anunció este domingo medio centenar de acciones, entre ellas rebajarse el sueldo un 60%, para combatir la corrupción y poner fin a los excesos de la alta burocracia en el Gobierno. Los cincuenta puntos permitirán al líder de Morena afianzar sus principales promesas de campaña y dar rostro a su Administración, que inicia el 1 de diciembre.
A lo largo de esta semana, el ganador de los comicios del 1 de julio ha ido dando forma a lo que será su Gobierno. El martes, López Obrador se reunió a puerta cerrada con los legisladores electos de su partido, que controlarán tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Un diputado que acudió a la reunión relata los diversos agravios y agendas que salieron a aflorar de entre los parlamentarios. Entre ellos, una legisladora del Estado de México que pidió durante ocho minutos al presidente electo atender con urgencia el problema de la basura en un populoso municipio colindante con Ciudad de México.
El presidente electo se ha convertido en el gran receptáculo de la esperanza mexicana. No son solo los ciudadanos de a pie los que peregrinan a su casa de transición con la esperanza de obtener un empleo o alguna ayuda económica. También los representantes populares acuden a él como el todopoderoso que puede arreglar los problemas del país, por más pedestres que sean. «Tenemos que administrar las expectativas», aseguró Mario Delgado, próximo legislador de Morena.
En días recientes se ha hablado de legalizar la marihuana, legislar la voluntad anticipada (eutanasia) y preparar un nuevo proyecto de Constitución. Sin embargo, López Obrador ha pedido a sus legisladores evitar agendas que polaricen. «No abusemos de la mayoría», les dijo el líder del movimiento a sus diputados y senadores, quienes formarán una legislatura de histórica mayoría el 1 de septiembre.
El presidente electo ha pedido a sus correligionarios centrarse en la agenda prioritaria: la del combate a los excesos de los políticos y lo que él llama la austeridad republicana. El político leyó la cartilla a los militantes de su partido que irán al Congreso. «No va a ser más de lo mismo… Nada de politiquería, no hacer política en el viejo molde de la política tradicional. Ese molde se hizo pedazos el 1 de julio. La gente ya no quiere políticos corruptos, prepotentes, fantoches, falsos, mentirosos. Hay que tener presente eso. No vayan a salir con sus tonterías porque la gente se los va a reprochar».
El grupo cercano a López Obrador, que se convertirá próximamente en su Gabinete, ha comenzado a afilar las tijeras que permitirán un importante recorte al Gobierno federal. Los próximos secretarios (ministros) ya han anunciado algunas de las subsecretarías que van a desaparecer. La próxima Administración pretende ajustar más de 6.000 plazas de la alta burocracia, lo que generaría, según los propios cálculos de Morena, un ahorro mensual de 863.000 millones de pesos (45.6 millones de dólares).
Entre las medidas que se van a tomar se encuentra el reducir a la mitad los sueldos de todos aquellos funcionarios que ingresen más de un millón de pesos anuales (52.000 dólares), cancelar las pensiones a los expresidentes, limitar los viáticos de los burócratas, suprimir los seguros de gastos médicos privados para ahorrar 256 millones de pesos anuales (13 millones de dólares), limitar los viajes al extranjero, eliminar los guardaespaldas y prohibir los vuelos en aviones o helicópteros privados. También se prescindirá de servicios de consultoría y se limitará a cinco el número de asesores por ministro.
Reducir la brecha salarial
Este catálogo de buenas intenciones exige al próximo Congreso dos reformas urgentes. La primera es a la ley orgánica de la Administración, lo que permitiría modificar las estructuras de los ministerios y sus cargos. La segunda, quizá más importante, es la reforma al artículo 127 de la Constitución, que regula los salarios máximos de los funcionarios. «Ese es el eje del programa de austeridad», señala Delgado, quien buscará convertirse en el líder de la bancada de Morena junto a otros veteranos exlegisladores, todos exmiembros del PRD, como Pablo Gómez, Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar.
Una iniciativa para reformar el artículo citado, que debió haber sido modificado hace ocho años con una legislación secundaria, pretende recortar la abismal brecha salarial, a veces de hasta 17 u 18 veces, que existe entre los altos cargos y sus empleados. El juez presidente del Supremo mexicano, por ejemplo, con sus casi siete millones de pesos anuales (370.000 dólares), gana en un día lo mismo que un jefe de departamento en un mes. Los diputados buscan implementar una regla de proporcionalidad salarial que evite que la diferencia entre jefe y empleado rebase 12 veces el sueldo entre el primero y el último. Esta medida permitirá a López Obrador un ahorro de 156.000 millones de pesos (8.000 millones de dólares), de acuerdo con una propuesta de ley de 2016.
Es por allí donde López Obrador pretende comenzar. Su salario pasaría de los 270.000 pesos mensuales (14.000 dólares) que ingresa Enrique Peña Nieto, a cobrar 108.000 (5.700 dólares). Es el primer paso para hacer valer un artículo constitucional que hoy es letra muerta porque ordena que nadie del Gobierno puede ganar más que el presidente. Es también la primera aduana para que Morena se afiance políticamente y emprenda una nueva agenda de cambios profundos a inicios de 2019.
El País
