Colaboración de Miguel Luna/ Fotos: Ricardo Martínez
Activista de la Plataforma de Apoyo a la Persecución Religiosa denunció la falta de justicia por parte del Gobierno del Estado y del administrador municipal de Santiago Choápam por el caso de tres familias desplazadas que suman 20 personas, entre ellas ocho niños afectados.
Explicaron que estas personas han sufrido la indiferencia por resolver su conflicto desde el 20 de marzo por parte del agente de policía de San Jacinto Yaveloxi, Zacarías Silverio Limeta.
Así lo denunció Miguel Zárate Santiago, asesor de este caso y otros más en la entidad, que el gobierno del estado a través del departamento de asuntos religiosos dependiente de la Secretaría General de Gobierno está dando por cerrado el caso al dar únicamente unos paquetes de láminas y que el agente de policía no quiere darles presuntamente porque fue un acuerdo de asamblea.
El hecho se derivó porque los desplazados profesan una religión distinta a la católica por ello no participan en las actividades religiosas ni comunitaria y les aplican multas que les es difícil pagar.
El asesor dijo que han querido llegar a acuerdos pero el agente no quiere ceder tomando como pretexto que la asamblea es la que ordena.
Mientras que al administrador municipal de Santiago Choápam, Elmer Cardoza, agregó, nunca está en el palacio municipal porque sólo despacha en restaurantes de la ciudad .
Destacó que actualmente las familias desplazadas están viviendo en la comunidad de Santa María Yavihue en donde reciben ayuda de sus hermanos de religión, pero esto no es suficiente, los niños desde entonces no reciben la educación escolar, alimentación y demás derechos que les corresponden.
Finalmente, dijo que ante la falta de voluntad de las autoridades estatales, acudirán ante el Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, para exponerle su caso y solicitar su intervención.
