Aquella tarde, la pipa de marihuana le supo raro a Martín Alonso. “Me estaba dando el primer toque y hasta cambió el pinche aroma de la mota. Dije ¿qué pedo? Y es que en la calle olía bien gacho”. Para no molestar a su hija de tres años, Alonso, de 30, había salido a fumar a la puerta de su casa, un zulo en ruinas como el de la mayoría de sus vecinos. Extrañado, dejó la pipa y siguió el rastro de la peste.
“Primero decían que habían matado a unos puercos, pero yo pues ya sabía más o menos el olorcillo de cuando a unos amigos los cortaron en pedacitos y los tiraron también por ahí”. Aquella tarde, el 14 de septiembre, un tráiler con 273 cadáveres había aparcado ahí, detrás de su casa, entre los escombros y el terreno de unos agricultores. Y ahí estuvo hasta el día siguiente. Por la mañana, Alonso volvió a asomarse y los chorros rojos se escurrían por la compuerta metálica manchando de sangre el silencioso campo de maíz.
¿Qué mejor lugar para deshacerse de un camión con 273 cadáveres en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, que uno de los arrabales más duros de la periferia? ¿Qué mejor lugar que Tlajomulco, la colonia donde las estadísticas dicen que el 70% vive entre la pobreza y la marginación, donde sus vecinos cuentan que es normal encontrarse con cuerpos descuartizados en bolsas de basura?
Eso debieron pensar Luis Octavio Cotero, director del Instituto Forense de Jalisco, y Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general del Estado, los dos cerebros de la operación según la versión oficial, cesados por el gobernador a lo largo de esta semana. Qué mejor lugar que la miseria para esconder más miseria.
“¡No son basura, tienen nombre!”, “¡No son reses que van en camiones a la carnicería!”, gritaban este viernes a las puertas del Instituto Forense colectivos de familiares de desaparecidos de varios Estados: Veracruz, Querétaro, Nayarit. Según las cifras oficiales, solo en Jalisco hay 3.362. En todo México, 36.265. Según los familiares, muchos más.
“Al ver los tráilers con tantos cuerpos amontonados en bolsas de basura, todas las madres de la república pensamos que ahí podía estar nuestro hijo”, explica Beatriz Torres, que ha recorrido casi 1.000 kilómetros desde la capital de Veracruz para llegar hasta aquí. De costa a costa buscando a su hijo.
La ola de violencia que sacude México se ha extendido hasta zonas consideradas oasis, reproduciendo en la capital de Jalisco imágenes más propias de territorios rojos como Tamaulipas o Guerrero: morgues saturadas de cuerpos hasta el punto de tener que guardarlos en camiones refrigerados como si fueran ganado. Instituciones colapsadas que no cumplen con los protocolos de registro e identificación de los fallecidos. Y que en última estancia, y de modo irregular, son sacados de la morgue, para buscar otro lugar donde almacenarlos.
El Instituto Forense de Jalisco (Semefo) tiene capacidad para 170 cuerpos. Hoy son 444 repartidos entre la cámara refrigerada de sus instalaciones y dos camiones extra, alquilados hace año y medio. Algunos cuerpos tienen más de dos años. Tan solo 60 están debidamente registrados e identificados.
El viaje de los 273 cadáveres hacinados en el tráiler parece sacado de uno de los sarcásticos, delirantes y didácticos relatos del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia. El 31 de agosto, el camión salió del estacionamiento del Semefo rumbo a una bodega en Tlaquepaque, otra área metropolitana de la ciudad. Los vecinos se quejaron por el olor y la alcaldesa ordenó clausurar el almacén. Era la mañana del 14 de septiembre y el paseo de cadáveres acababa de comenzar.
Llevaron el camión a las instalaciones de la Fiscalía, pero era demasiado grande y al entrar se quedó atorado en la puerta del garaje. Llamaron a unos operarios para que limaran el techo. Cuando estaban trabajando empezó a llover. Pararon por el riesgo a morir electrocutados. Entonces, al conductor se le ocurrió que podían guardarlo temporalmente en un baldío del propietario del tráiler. De camino, se volvió a atascar en una vereda de tierra en Tlajomulco, detrás de las casas en ruinas, pegado al campo de maíz.
Intentaron sacarlo del barro. No pudieron y decidieron abandonarlo. Para rematar, el director del Instituto Forense que ha sido despedido tiene a su hija desaparecida desde hace dos meses y ha acusado al secretario de Gobierno “de conductas no muy probas”. “Voy a tener que andar con cuidado –dijo esta semana en una entrevista en la radio– no me vaya a suceder nada más a mí o a alguien de mi familia”.
Leticia Vázquez, otra de las madres que claman justicia y dignidad, perdió a su hija en noviembre de 2014 en las playas de Puerto Vallarta: “El caso ha pasado por cinco Ministerios Públicos, dos delegados de Gobierno y cuatro fiscales. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar esperando?”. Tras el escándalo, el Gobierno estatal se ha comprometido a comprar una nueva nave frigorífica con 300 plazas y a registrar todos los cuerpos antes de noviembre, apenas un mes antes de que se acabe su legislatura.
Guadalajara, el segundo motor económico de México, el otro Silicon Valley al sur de California, donde han aterrizado gigantes como Cisco, HP, Intel o Tesla, donde se celebra cada año la feria del libro en español más potente del mundo, es también un lugar donde el poder del crimen organizado es capaz de derribar un helicóptero del ejército a cañonazos, poner en jaque al centro de la ciudad bloqueando a la vez 39 carreteras o planear una emboscada contra un exfiscal a plena luz del día a la salida de un restaurante a de moda.
Guadalajara, la nave nodriza durante los ochenta de la primera organización criminal que reunió a los principales capos encargados de abrir las puertas de México a la cocaína colombiana, es hoy la cuna de un nuevo cartel. El más poderoso y el que más ha crecido tras el declive de las mafias clásicas: Jalisco Nueva Generación.
“Nos ha superado la ola de violencia”, reconocía el jueves el gobernador priísta Aristóteles Sandoval, poniendo palabras a las cifras: los asesinatos han dejado 224 víctimas el mes de agosto, más de siete al día, una muerte violenta cada tres horas. La cifra acumulada en lo que va de año llega a 1.468, rozando el total de 2017, el año que rompió todos los récords sangrientos en la historia reciente de México. Más muertes que en los peores tiempos de la llamada guerra contra el narco.
El ascenso de Jalisco Nueva Generación ha corrido paralelo a los años de Gobierno estatal priísta. En 2012 apenas eran una escisión del cartel de Sinaloa. Durante toda la legislatura, el pulso ha sido constante entre el narco y el Estado, que en mayo le asestó un duro golpe con la detención casi simultanea de dos de sus cabecillas. En dos meses, tomará el relevo el nuevo Gobierno de Enrique Alfaro, exalcalde de Guadalajara, por el progresista Movimiento Ciudadano. El gobernador entrante ha declinado participar en este reportaje. Desde el Ejecutivo saliente le lanzan un consejo: “Van a necesitar mucha ayuda federal, solo con la fuerza estatal no podemos contenerlos”.
Fuente: EL PAIS
