El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Comunicación Social, por 205 votos en favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, y 168 votos en contra del PAN, PRD, MC y Morena.
En tribuna, el diputado Ricardo García Portilla (PRI), dijo que esta ley contempla un mecanismo de transparencia; engloba la propaganda gubernamental en el concepto de comunicación social, asegurar que la publicidad no influya en la equidad de las contiendas electorales; reducir el gasto en comunicación social por parte del gobierno; garantizar la libertad de expresión; medir la eficacia y el control en el uso de recursos públicos, y sanciones para quienes no acaten lo dispuesto en la norma.
“En suma, estableceremos más controles democráticos sobre la contratación y mejor vigilancia del gasto de comunicación social sin necesidad de crear nuevos órganos que sólo implique más burocracia y más gasto público. Por ello, será confianza entre ciudadano y gobierno, lo que impulsaremos”, dijo.
A su vez, el diputado Arturo Huicochea Alanís (PRI) afirmó que la ley no contempla un tope de gasto límite al gobierno federal en materia de contratación de publicidad en medios de comunicación, sino un régimen flexible.
“Ciertamente no establece topes al gasto público, porque establecer el tope incentiva el agotamiento del recurso. El gobierno puede y debe gastar incluso menos que cualquier porcentaje que fijemos de manera rígida en la ley. Es mejor un régimen flexible, siempre a la baja”, comentó.
En contraste, el diputado Jorge Triana (PAN) argumentó que la ley aprobada es un “copy page” de la iniciativa que presentó el PRI. “Lo que vamos a votar en este momento no atiende un problema de comunicación gubernamental en nuestro país, no hay criterios claros para la asignación de recursos públicos emanados de los impuestos de la gente. La propuesta que nosotros hacíamos sí lo incluía”, dijo.
El diputado Jesús Zambrano (PRD) recordó que la aprobación de esta ley fue un ordenamiento que hizo al Congreso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para antes del 30 de abril. Sin embargo, dijo el legislador, no se escuchó la opinión de las organizaciones sociales Articulo 19 y Fundar, quienes promovieron el juicio ante la Corte.
“Por esto estamos planteando que se declare se acepte la moción suspensiva, se regrese a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se haga un nuevo dictamen, corrigiendo desde luego el actual, elaborando con todo lo que se tenga que hacer, escuchando a las organizaciones de la sociedad civil, se dictamine el conjunto de las iniciativas, como aquí lo habíamos acordado, y que no se simule cumplimiento de la sentencia, que es ante lo que estamos, es una pretensión de simulación, es una falsedad”, dijo Zambrano, aunque su petición de moción suspensiva no le fue aceptada.
En tanto, aunque la bancada de Morena originalmente votó en favor de esta ley en la Comisión de Gobernación, la diputada Ernestina Godoy anunció el voto en contra de su bancada en el pleno por cuatro razones: por congruencia; porque no se ajusta al mandato constitucional de eficiencia del gasto; porque incumple los criterios del amparo que presentó Articulo 19, y porque “este dictamen convierte en Ley el derroche del dinero público, el culto a la personalidad, el financiamiento discrecional a medios y locutores que repiten la narrativa oficial”.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), explicó que la Ley General de Comunicación Social será un ordenamiento de interés nacional y de observancia en toda la República.
Argumentó que se incluyó lo expresado por todas las iniciativas que presentaron legisladores de todos los partidos, por lo que la consideró “un avance fundamental” que implicará “fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía, transparencia, tal y como lo prescribe el artículo 2 del dictamen en cuestión, ello con el fin de evitar la improvisación y establecer mecanismos para una estricta evaluación de la comunicación social”.
EL ECONOMISTA
