El titular de la Defensoría Pública será designado por el Congreso del Estado.
El servicio del defensor debe ser acorde a la necesidad de la sociedad oaxaqueña.
En el mes de junio del año 2011, nuestro país tuvo una reforma trascendental al incorporar el concepto de Derechos Humanos a la Constitución Federal, reconociéndose como principios su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El acceso a una defensa es un derecho fundamental y garantía procesal; mismo que consiste en tener la posibilidad de contar con un experto en derecho durante el desarrollo de un proceso que coadyuve a proteger, asegurar y hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho.
En la sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, el día miércoles 10 de marzo del año en curso el Diputado Pável Meléndez Cruz presentó una propuesta de reforma que consiste en otorgarle a la Defensoría Pública de Estado autonomía con personalidad jurídica y patrimonio propio. Misma que tiene como objetivo brindar un mejor servicio a las personas reclusas, en donde el titular de la Defensoría Pública sea asignado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, durará cinco años en el cargo y sin posibilidad de reelección.
En Oaxaca, al día de hoy, la Defensoría Pública del Estado sigue siendo un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, sectorizado a la Consejería Jurídica, cuyos objetivos versan en coordinar, dirigir y vigilar los servicios jurídicos de asesoría, patrocinio y defensa técnica, así como también garantizar por sí o a través de abogados privados, capacitados y certificados.
Por lo anterior el legislador dijo que el servicio del defensor deberá ser profesional y de calidad, acorde a la necesidad de la sociedad oaxaqueña, un servicio de la Defensoría Pública en asuntos del fuero local, que garanticen el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias penal, justicia para adolescentes, civil, familiar, mercantil, administrativa y constitucional.
Finalizó puntualizando que en nuestro estado se encuentra posicionado como una de las entidades con los más altos indices de pobreza y marginalidad, lo cual nos lleva a entender que es inconcebible creer que una sociedad económicamente vulnerable pueda tener los recursos suficientes para solventar una defensa con un abogado particular, por ello siempre optarán por un defensor público que los apoye de forma gratuita. Es por eso que recalcó que quién este en la títularidad de la Defensoría deberá ser una persona preparada y profesional, misma que no podrá ocupar algún otro cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.
