Los ciudadanos deben tener una actitud participativa y de exigencia con el gobierno que emane de la elección del 1 de julio actitud.
Es lunes 2 de julio. Los mexicanos ya acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la república, renovar el Congreso y nueve gubernaturas. Al mirar los conteos presentados por el INE, una parte del país celebra, porque lleva ventaja el candidato de su preferencia, mientras otra está inconforme o en la incertidumbre, por lo que vendrá con la renovación de 3,400 cargos públicos.
Luego de tres meses de campaña, miles de spots y acusaciones, los ciudadanos eligieron una opción en la boleta o quienes no se sintieron representados anularon su voto.
Los problemas del país, al despertar este lunes, no se han esfumado. Así que el reto de la renovación del poder apenas comienza, y la pregunta es, ¿qué sigue?
Más allá de lo que digan y hagan los políticos, ¿qué papel le toca a los ciudadanos? ¿De qué forma pueden contribuir y exigir? ¿Cuáles son las batallas ciudadanas que deben mantenerse? ¿En qué vale la pena enfocarse?
“La incondicionalidad, si es muy grande, se traduce en un margen de arbitrariedad, de las decisiones políticas”, comenta el analista político José Antonio Crespo, sobre los riesgos de que la gente apoye a ciegas al candidato ganador de la presidencia, al obtener poder.
“La sociedad tiene que estar viendo, exigiendo, vigilando, criticando”, agrega el profesor, aunque también menciona que, lo deseable es que haya un equilibrio, de no solo señalar aquello que esté mal hecho, sino también los aciertos del nuevo gobernante electo.
En su opinión, la batalla ciudadana debe centrarse en exigir a los nuevos gobernantes rendición de cuentas, de forma sistemática e institucional, no por decisiones personales o arbitrarias.
“Porque, si no, lo que hemos avanzado se va a venir para abajo”.
Quien tomará el mando del poder Ejecutivo, en lugar del presidente Enrique Peña Nieto, el próximo 1 de diciembre, enfrenta el reto de la violencia, con un aumento de 80 por ciento en los homicidios dolosos, en los últimos tres años; más de 130 políticos asesinados en este proceso electoral, y la operación de grupos del crimen organizado, expandiéndose hacia actividades como el robo de combustible, además del narcotráfico.
La corrupción, cuando aún están en la impunidad casos como el de “La estafa maestra”, o los sobornos de Odebrecht. Las carencias y la desigualdad que padecen más de 50 millones de mexicanos, al estar en situación de pobreza. Y la compleja interacción con el vecino del norte, con la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el Tratado de Libre Comercio, y sus ataques contra la inmigración y los mexicanos.
Esos problemas, comentan los analistas consultados por Newsweek en Español, no se solucionan por arte de magia o por solo acudir a votar; no los resolverá el nuevo presidente por su sola llegada al poder, y por más que sus partidarios consideren que tiene las mejores ideas para el país.
Es posible que el ganador el 1 de julio, como ocurrió con Vicente Fox y con Enrique Peña Nieto, tenga en el inicio de su mandato un “bono” de fuerza, si su victoria es contundente; pero sea cual sea el plan que implemente, requerirá tiempo observar resultados, y será necesaria la vigilancia ciudadana.
“Hacer cambios con política pública es un proceso lento, muy difícil, de muy largo plazo”, indica el investigador Nicolás Loza, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“Con independencia de quien gane, creo que la clave de que haya buenos resultados está precisamente en la interacción entre buenas propuestas de gobierno, buena implementación de política pública, y una actitud participativa de los grupos de la sociedad civil”, sostiene.
Para cumplir con esa ecuación, coinciden Loza y Luis Carlos Ugalde, es necesario que los ciudadanos superen su apatía, y asuman su responsabilidad en la vida pública.
“Hay que romper la demagogia de lo ciudadano. Los ciudadanos deben dejar de asumirse como víctimas, y asumir su rol con responsabilidad, cosa que nunca han hecho”, considera quien estuvo al frente del Instituto Federal Electoral.
“Todos los candidatos dicen que te van a resolver los problemas, pero —agrega— ninguno le dice a los ciudadanos: ‘Y tú cómo vas a ayudar a tu país’”.
Para él, una fracción minúscula participa en organizaciones no gubernamentales o los llamados grupos de la sociedad civil, pero la mayoría permanece “anestesiado” o apático, sujeto a la lógica paternalista, con el anhelo de que el gobierno o el nuevo presidente resolverán los problemas más graves, aunque durante décadas eso no ha ocurrido.
En cuanto a cómo lograr la reconciliación en México, luego de los ataques entre candidatos y la polarización social, Ugalde piensa que ese proceso puede iniciarlo el ganador de la elección presidencial, al reunirse con el mandatario saliente y dar mensajes que apacigüen el encono político, a fin de que esto haga eco en los rivales derrotados.
Batallas ciudadanas
La noche del 26 de septiembre de 2014 marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto. La desaparición de 43 normalistas, en Iguala, Guerrero, no solo repercutió en México, sino a escala internacional, y hasta la fecha el caso sigue sin aclararse. Pero al descubierto ha quedado no solo el nivel de penetración del crimen organizado en gobiernos locales, sino también las debilidades del sistema de procuración de justicia en México.
Un tribunal federal, en junio pasado, acusó que la indagatoria de la PGR sobre el caso no había sido efectiva ni imparcial, y que incluso las autoridades federales recurrieron a la tortura para obtener confesiones de detenidos por el caso.
La administración de Peña Nieto, precisa el analista político Esteban Illades, deja un país “más lastimado del que encontró”, por el nivel de violencia e impunidad alcanzados. Y el próximo gobierno, sea quien sea quien lo encabeza, tendrá la tarea de ofrecer un camino de justicia e investigaciones certeras, no solo para casos como el de Ayotzinapa, sino también para los de familias de las más de 35,000 personas desaparecidas en el país.
Pugnar porque haya justicia y una estrategia de seguridad adecuada en el país, que logre reducir la violencia, es solo una de las batallas que tendrán los ciudadanos.
Ixchel Cisneros, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), dice que hay al menos tres frentes en los que la ciudadanía debe ejercer presión, para lograr cambios, más allá de las acciones que proponga o tenga previstas el candidato ganador.
El primero, apunta, es la búsqueda de una fiscalía autónoma e independiente, una fiscalía que sirva, para disminuir los casos de impunidad y corrupción en el país, sin que prevalezcan los intereses políticos.
La otra batalla ciudadana, considera, sería derogar la Ley de Seguridad Interior aprobada en el actual gobierno, porque da a las fuerzas armadas facultades que solo deberían corresponder a la policía civil. Un tercer punto que menciona se refiere a vigilar que haya presupuesto y capacitación adecuadas, para que haya una ley efectiva y en verdad útil, en materia de desaparición de personas.
“Independientemente de quién sea el presidente, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, tenemos que presionar para que estos cambios se den, si nosotros no presionamos a la clase política, el partido que sea estará muy cómodo resolviendo sus propias necesidades”, afirma Cisneros.
Las fricciones o diferencias ideológicas entre los ciudadanos generadas durante el periodo de campañas deben pasar a segundo término.
Con independencia de si tu candidato ganó o no, explica la activista, “vas a tener que seguir conviviendo con tus primos, tus amigos, tus vecinos, tus conocidos, y a la clase política le servimos dividida. Cuando nosotros estamos divididos es cuando más pueden hacer sus triquiñuelas, sin que nadie les exija que rindan cuentas”.
E invita a reflexionar sobre el hecho de que “tendríamos que dejar atrás nuestras divisiones y, más bien, empezar a construir juntos”.
Cisneros es de quienes consideran que la actividad de organizaciones civiles en el tema de transparencia presupuestal será vital para poder dar seguimiento y monitoreo a la forma en que el próximo gobierno gaste.
Ojo ciudadano sobre presupuesto
El candidato ganador de las elecciones del 1 de julio llegará al poder con una bolsa de promesas que hizo a sus partidarios, pero el presupuesto no es infinito.
“El próximo presidente tiene muy poco margen de acción en términos de finanzas públicas, esta administración se endeudó de manera acelerada. Hay poco margen para hacer cosas de manera responsable. Si el próximo gobierno quiere conservar estabilidad en las finanzas públicas, que es una condición fundamental para la estabilidad económica, tendrá un margen estrecho”, refiere Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa.
Y agrega: “Si quiere ampliar ese margen tiene que emprender reformas importantes en la manera en la que el Estado mexicano, en la que el gobierno federal, en particular, gasta”.
En primer lugar menciona que se tendría que hacer una revisión profunda del gasto público, identificar en dónde hay despilfarros, desperdicios o un gasto inútil. Y luego, dice, “hay que tratar de reorientar el gasto, de manera que tenga impacto en términos redistributivos e impacto en la productividad, que el gasto público se convierta en un instrumento de cambio y apoye el proyecto del presidente”.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, por su parte, coincide en que, en el corto plazo, para el nuevo gobernante del país será difícil hacer maniobras de gran alcance. Y es justo ahí donde puede presentarse la tentación de incurrir en alguna irresponsabilidad financiera, con el afán de congraciarse con los ciudadanos. Entonces, “¿vamos a ceder ante la presión política, o vamos a ser muy cuidadosos de la prudencia fiscal?”, cuestiona.
Para ella, vigilar el gasto público “es vital”. Y explica que este tema no tiene que ver con los partidos políticos; “es una función que se tiene que hacer, y su falta no nos ha llevado a buenos resultados”.
Una propuesta para trabajar en ese sentido y que puede ser empujada por la ciudadanía, en su opinión, es crear un consejo fiscal: un organismo conformado por especialistas independientes que juegue un papel parecido al de la Auditoría Superior de la Federación. Pero que sirva para vigilar los proyectos de política pública, antes de ser ejecutados, que cuente con criterios técnicos y no políticos.
Cabeza fría
El candidato que resulte electo como presidente, explica Juan Carlos Moreno-Brid, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, tendrá un primer año de incertidumbre económica. Esto es algo propio de “todos los primeros años de cualquier administración en el país”. Y el reto será eminentemente político: lograr acuerdos con el sector privado nacional e internacional, para que continúen las inversiones.
Se tendrá “que convencer al empresariado de invertir en nuevas capacidades. Hay que dejar de pensar en México como un país cuya ventaja competitiva es el bajo salario; al contrario, tendríamos que buscar una ventaja al innovar, generar valor agregado”, indica Moreno-Brid.
De acuerdo con el investigador, es necesario colocar a la igualdad y a la movilidad social como prioridades de la política económica. “Se requiere reordenar las prioridades y responsabilidades de la política fiscal, la financiera y la monetaria, a fin de dar atención a sus impactos sobre las desigualdades y la movilidad socioeconómica”, explica.
Para lograrlo, detalla, es necesario considerar nuevas medidas para incrementar los ingresos presupuestarios, más allá de reducir la inversión y la elusión, paralelo a compromisos para ejercer el gasto público, con un esquema de rendición de cuentas y de combate a la corrupción y a la impunidad.
Así, concluye Moreno-Brid, “el nuevo gobierno debe lograr un consenso político para llevar a cabo una nueva reforma fiscal profunda que cubra las dinámicas de los gastos, los ingresos y el financiamiento desde perspectivas intergeneracionales”.
En la perspectiva del economista Raymundo Tenorio, el candidato electo debe evitar “espantar la inversión”: mantener el Estado de derecho, libertad de concurrencia, mantener la ley de inversión extranjera, no romper acuerdos comerciales y dialogar con los empresarios —las cúpulas empresariales en el país que dan empleos—. Y “otro de los retos económicos —considera— es buscar nuevos socios internacionales por lo vulnerables que nos estamos viendo en Estados Unidos”.
La ciudadanía, para Tenorio, debe de tener calma y cabeza fría para soportar que no llegue al poder su candidato elegido. “Debemos ver para adelante y aprender a convivir con lo que tengamos. No resignarnos pero ser una ciudadanía activa, que siga construyendo desde la sociedad civil, aunque la desprecien”.
Transición a prueba
En este proceso electoral, el más grande de la historia, no solo se renovó el poder Ejecutivo. También fueron elegidos nuevos gobernadores para Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Morelos y Veracruz, además de diputados locales y alcaldes.
En cuanto al Congreso federal, los ciudadanos definieron la nueva integración de la Cámara de Diputados, con sus 500 legisladores, y de la Cámara Alta, con sus 128 senadores.
Pero antes de conocer a los ganadores definitivos, la ruta electoral marca diferentes etapas, que incluye los reclamos, quejas o impugnaciones que puedan hacer los candidatos, cuando los resultados no les favorecen.
El lunes 2 de julio se conocerán los datos de conteo rápido y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Para conocer los datos que tendrán validez legal, hay que esperar a los cómputos que se hagan en los consejos locales y distritales, los cuales se inician el miércoles 4 de julio.
Los cómputos distritales son realizados en presencia de observadores electorales, y representantes de los partidos o de los aspirantes independientes, quienes pueden solicitar recuentos parciales o totales de votos, esto tras las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que dejó el proceso electoral del 2006.
Pamela San Martín, consejera electoral del INE, explica que se puede realizar un recuento “principalmente cuando hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar, o cuando la diferencia entre ellos es de menos de un punto porcentual”.
Si los partidos o aspirantes independientes consideran que hubo irregularidades graves, como rebase del tope de gastos de campaña o un financiamiento ilegal, pueden impugnar toda la elección, por lo que tribunales electorales y federales tendrán que analizar el caso y emitir resoluciones, antes de que se concluya con la declaración de validez de los comicios.
Hace 12 años, a Luis Carlos Ugalde, como titular del Instituto Federal Electoral, le tocó enfrentar una de las elecciones presidenciales más competidas y un conflicto poselectoral, con la acusación del candidato Andrés Manuel López Obrador de que hubo un fraude en su contra.
A la distancia, aunque se hayan realizado reformas para permitir los recuentos de “voto por voto, casilla por casilla”, desde la perspectiva de Ugalde el país llegó a las elecciones de 2018 sin estar mejor preparado para ese tipo de conflictos, en elecciones federales y locales, porque persisten los casos de candidatos perdedores que, por inmadurez política, deciden descalificar todo el proceso, incluyendo el conteo ciudadano de los votos, aunque en la mayoría de los casos no tengan sustento.
“Hay malos perdedores que usan la protesta como mecanismo de evasión de la realidad. O para continuar su carrera política”, comenta.
Sin embargo, el exfuncionario también señala que un problema que debe atenderse de forma urgente es el del financiamiento ilegal de las campañas, por lo que después del 1 de julio sería deseable caminar hacia una reforma electoral que frene ese tipo conductas.
El estudio “Dinero bajo la mesa”, elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la consultora Integralia, de la que Ugalde es director, indicó que por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.
Las principales fuentes de financiamiento ilegal, refiere el reporte, son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
Eduardo Huchim, exconsejero electoral de Ciudad de México, coincidió en la pertinencia de una reforma, para reducir el gasto excesivo, y controlar la forma en que usan y obtienen el dinero los candidatos, ya que la fiscalización ha sido el “talón de Aquiles” del INE.
Para las elecciones de 2018, el INE aprobó un presupuesto de 6,778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes, a escala federal. El presupuesto “más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política”, reconoció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En el ámbito federal, si se toma en cuenta el presupuesto para el INE, el Tribunal Electoral y los partidos, estas elecciones tuvieron un costo estimado de al menos 28,000 millones de pesos, según un cálculo de Integralia.
A esa cifra se suma el presupuesto destinado a los partidos a escala estatal. De acuerdo con un reporte de Verificado.mx, mientras que durante 2012 el gasto estatal para partidos fue de 4,284 millones 999,521 pesos en términos reales, para este año la cantidad ascendió a 6,049 millones 478,513 pesos. Un incremento de 41 por ciento.
A todo lo anterior se suma el costo que tendrá la transición del poder presidencial.
El mandatario electo tendrá a su disposición 150 millones de pesos para conformar equipos técnicos y de enlace con la administración actual, y trabajar la definición del Presupuesto de Egresos del 2019, así como la Ley de Ingresos.
“Yo esperaría que haya un proceso de transición ordenado, que los equipos que vayan a formar gobierno se preparen, entiendan la naturaleza de los problemas que enfrenta el país”, comentó Edna Jaime, de México Evalúa.
*Animal Político
