Que los asesinatos violentos de las niñas de Ixtayutla se investiguen como feminicidio infantil.
La falta de una política pública de prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres y las niñas, da como consecuencia un incremento de los niveles de violencia y por lo tanto un entorno de violencia feminicida, donde se coloca en riesgo la libertad, la integridad y la vida de las mujeres y las niñas.
Es preocupante que la violencia de género ha alcanzado a municipios que no han sido considerados de riesgo en la Declaratoria de Alerta por violencia de género y más aún, se extiende hacia las niñas y las adolescentes. Por ello causa una profunda indignación el asesinato violento de tres mujeres, dos niñas, de 3 y 7 años y de su madre, ocurridos en Santiago Ixtayutla.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, sin embargo, cuando se les expone a un contexto de riesgo se les arrebata su derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.
La omisión gubernamental es responsable de que en el mes de enero sumen dos niñas y una adolescente asesinadas de manera violenta, por lo que como organización de la sociedad civil demandamos que se investiguen como feminicidio infantil, pues la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género, producto de la violación a sus derechos humanos tanto en el ámbito privado como público y está conformada por conductas sociales y de Estado que pueden culminar en la muerte violenta de las mujeres y las niñas.
De acuerdo con la Declaración sobre el Feminicidio del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará, por feminicidio se entiende la muerte violenta por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona.
Una mujer y dos niñas asesinadas de manera violenta en Ixtayutla es una grave señal de alarma, en un contexto de riesgo se desconoce si los actos de privación de la vida son el resultado de la misoginia que expresa la desvalorización y el odio hacia las mujeres y las niñas y por ello deben ser investigados como feminicidio.
La administración de Alejandro Murat suma con estos casos 397 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta, 179 desde la Declaratoria de Alerta por violencia de género y 15 en este 2020, por lo que demandamos que en las próximas comparecencias de titulares de todas las instancias que tienen dentro de su competencia impulsar acciones para salvaguardar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres, ante el Congreso local, las y los diputados asuman la responsabilidad de colocar en alta prioridad el tema de la violencia feminicida.
