Redacción Didxha
De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017 y 2018 han sido catalogados como los años más violentos para el estado de Oaxaca, afirmó la vocera del grupo parlamentario de Morena, Delfina Guzmán Díaz.
Destacó que, durante esos dos años, se registró cada mes por lo menos un asesinato de distintos líderes políticos en el estado. En 2017 fueron un total de veintiún decesos, siendo los meses febrero y junio los más violentos con 7 muertes cada uno; mientas que en 2018 fueron treinta y ocho, con 4 muertes como la cifra más alta para enero y marzo respectivamente, de este total solo en septiembre y mayo de estos años no existió registro.
Indicó que en la lista de los infortunados del 2017 están Presidentes Municipales en función así como ex presidentes y síndicos; dirigentes partidistas del PRI, Morena, PRD; líderes de organizaciones sociales como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui, MULT; un líder magisterial de la Sección 22 y activistas sociales.
Agregó que para el 2018 la lista aumenta con funcionarios y exfuncionarios municipales del régimen de partidos del PRI y de usos y costumbres; candidatos a presidencia municipales, un candidato a diputación local de Morena; un dirigente del PT, un miembro del PRD así como el atentado a uno de sus candidatos a la presidencia municipal; activistas sociales de Morena e indígenas del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI; líderes y agremiados a la Secciónn 22 y dirigentes transportistas.
La legisladora local explicó el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado, a los secretarios de gobierno y se seguridad pública, al fiscal general del estado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad para que se prevenga, investigue y sancionen los homicidios generados por la ola de violencia y de manera particular los ocurridos contra los integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional.
Destacó que es muy grave que se pierda la sensibilidad y que diputadas y diputados se queden solo como observadores de los hechos, pues la violencia no sólo socava las libertades de todos los actores políticos y vulnera el desarrollo de sus actividades, sino también atenta en contra la vigencia de la democracia en el estado, debido a que se evidencia la debilidad del gobierno para garantizar la seguridad pública y velar por el respeto de los derechos políticos y libertades civiles de la población involucrada en actividades políticas”.
Recordó que durante la administración de Gabino Cué se registraron 530 asesinatos políticos, cifra que, aunque es conservadora, en este sexenio podría aumentar sino se establecen acciones efectivas para evitar asesinatos relacionados a la actividad política, más si se consideran que los decesos por conflictos agrarios y crímenes en contra de periodistas también son parte de este problema.
Señaló que ante este escenario presentará un punto de acuerdo para que se rindan cuentas sobre los avances de las investigaciones por los delitos políticos perpetrados en contra de distintos actores políticos en la entidad desde el 2010, ya que es necesario saber lo que ha motivado tanta violencia y qué está haciendo el estado para impartir justicia sobre estos delitos.
