Ginebra-París- Dublín- Múnich
27 de agosto de 2018
Sr. Andrés Manuel López Obrador
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos
RE: El cese de la criminalización de personas defensoras debe ser prioritario para el nuevo gobierno mexicano
Excmo. Señor Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos,
Ante los preparativos para la toma de posesión del nuevo gobierno mexicano que Usted va a encabezar, organizaciones internacionales de derechos humanos nos dirigimos a Usted atentamente para mostrar nuestra preocupación por la grave crisis que vive México en lo referente al derecho a defender derechos y para instar a su administración a incluir como tema central en la agenda de derechos humanos el cese de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.
En México existe un grave patrón de criminalización de la protesta social que se evidencia en la existencia de numerosos casos de detención arbitraria y en procesos judiciales infundados que violan el derecho a un debido proceso en contra de las personas defensoras de derechos humanos en el país. El fenómeno de la criminalización de las personas defensoras resulta particularmente grave por la intencionalidad que tiene de paralizar o deslegitimar las causas por las que éstas luchan.
El patrón de criminalización en México no solo ha sido denunciado repetidamente por organizaciones no gubernamentales[1], sino que también ha sido confirmado por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria que ha emitido 8 Opiniones -que permanecen incumplidas- en las que declaraba la detención de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata. Cinco de las opiniones fueron emitidas en un espacio de poco más de un año entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, lo que constituyó un hecho inédito al ser la primera vez que el Grupo emitía tal número de opiniones sobre un mismo país en un periodo de tiempo tan reducido.
Nuestras organizaciones están particularmente preocupadas por la alta tasa de criminalización en contra de personas defensoras en el estado de Oaxaca, algo que también ha señalado la ONU, misma que ha resaltado la existencia de un patrón de violaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Efectivamente 6 de las 8 opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo son sobre casos de personas defensoras de Oaxaca incluyendo los casos de Damián Gallardo (Opinión 23/2014), Enrique Guerrero (opinión 55/2015), Librado Baños (Opinión 19/2015) así como un caso colectivo que incluye a 22 integrantes de Sol Rojo arbitrariamente detenidos en 2015 luego de participar en una manifestación pública (Opinión 17/2016). Cabe destacar que además de los casos ya citados en los que ha habido Opiniones de la ONU, nuestras organizaciones conocen de al menos otros 6 casos[2] de personas defensoras criminalizadas en Oaxaca.
Nuestras organizaciones expresan su preocupación por la situación de las personas defensoras en Oaxaca donde la defensa de los derechos humanos no solamente implica criminalización de la protesta social sino que conlleva violaciones a derechos humanos particularmente graves como son el exilio forzado, situación que ilustra el caso del defensor indígena Juan Sosa Maldonado, exiliado político desde el 2013 tras sufrir un grave atentado contra su vida; o la desaparición forzada, como lo es en el caso del abogado defensor de derechos humanos Ernesto Sernas García, desaparecido desde el 10 de mayo 2018.
En virtud de lo anterior, nuestras organizaciones resaltan el carácter prioritario de las garantías para la labor de defensa de los derechos humanos en Oaxaca y la urgencia de que el Gobierno entrante atienda las peticiones de los colectivos de familiares de personas defensoras de derechos humanos criminalizadas y de las organizaciones que representan y acompañan para mostrar su compromiso con la resolución de esta crisis en Oaxaca como paso previo a la toma de medidas a nivel de todo el país.
En este sentido, nuestras organizaciones rechazan la posibilidad de que las personas defensoras pudieran ser beneficiarias de una amnistía y exigen, a cambio, que su liberación se produzca sin dejar lugar a dudas sobre su inocencia mediante la resolución de sus procesos conforme a derecho, en respeto de todos los estándares internacionales de derechos humanos y en cumplimiento integral de todas las Opiniones de la ONU.
Estimado Sr. Presidente electo, agradeciéndole su atención a la presente, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,
Las organizaciones que suscribimos la carta:
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- Front Line Defenders
- Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
[1] Véase Informe Conjunto publicado en 2016 por 11 organizaciones no gubernamentales mexicanas e internacionales: “Detenciones arbitrarias e ilegales – Criminalización: Una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México”. Disponible aquí: http://consorciooaxaca.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/informe_detenciones_arbitrarias_mexico_sept_2016.pdf
[2] Los casos de Norma Cleyver Cruz Vazquez, Nicasio Zaragoza Quintana,Teofilio García López, Felipe Rojas Ordunio, Joaquín Zárate Bernal y Antonio Zárate Bernal. Preocupan además los casos de Ernesto Sernas García, abogado defensor de defensores criminalizados de Sol Rojo quien se encuentra desaparecido desde el 10 de mayo 2018 así como Juan Sosa Maldonado, quien tuvo que abandonar México en 2014 luego de sufrir un grave atentado contra su vida.
