- *Pagar bono del 2014 a la fecha; incremento salarial y recategorización, el exhorto
- *Es un acto de justicia a estos profesionales, enfatiza
El Pleno de la 64 Legislatura, a propuesta del diputado Pável Meléndez Cruz, aprobó de urgente y obvia resolución exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal para que realice el pago del bono autorizado desde 2014 a la fecha, se otorgue el incremento salarial y se autorice una recategorización para el incremento salarial de los defensores públicos.
Sabedor de la inconformidad que persiste en este sector dependiente de la Defensoría Pública del Estado, ante la falta de sensibilidad y de atención gubernamental, el representante popular consideró que esta demanda salarial es apegada a la realidad porque desde hace 20 años no cuentan con un incremento salarial digno por el trabajo que realizan.
“Resulta incongruente que teniendo una instrucción profesional, tengan una percepción mensual de tan solo ocho mil cinco peso mensuales. Si tomamos como referencia la media nacional, el sueldo de un defensor público es de aproximadamente de 16 mil 873 pesos mensuales. Sin embargo, destacó que Oaxaca junto con estados como Tabasco, Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Tlaxcala y Quintana Roo, el ingreso de un defensor público es de solo un 50% menos de la media nacional”, asentó.
Ante esta situación, el legislador lamentó que el salario no sea acorde con las actividades profesionales que desempeñan, toda vez que destacó es una noble labor que se realiza en la defensa legal de quienes no cuentan con los ingresos suficientes para poder contratar un abogado particular.
En defensa de estos profesionales, Pável Meléndez expuso en tribuna que el actual salario de los defensores públicos les es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias, aunado al pago de una renta para quienes están adscritos a los distintos juzgados foráneos, lo que trae consigo el pago de viajes de su centro de trabajo al lugar donde residen sus familias.
“Si a esta situación se le suman los gastos derivado de las visitas carcelarias, el traslado a los juzgados distintos al de su adscripción, así como las erogaciones que generan para el desarrollo y prácticas de diligencias, desde luego que el sueldo que perciben resulta insuficiente”, acotó.
Concluyó al citar los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del estado de Oaxaca donde se establece que la Federación y la entidad garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores.