En julio se superaron los mil 800 días (más de 16 años) de que Alfredo Jiménez Mota fue desaparecido mientras laboraba como periodista en el diario El Imparcial de Hermosillo, Sonora.
Hasta ahora, ninguna autoridad en el ámbito local ni en el federal –que atrajo las indagatorias– han dado con su paradero, ni detenido a ningún sospechoso; mucho menos llevado ante la justicia a los responsables materiales o intelectuales del crimen.
El caso de Jiménez Mota, quien investigaba el auge del crimen organizado en Sonora, implica extraoficialmente a funcionarios públicos, con dos de los cuales se reunió la noche de su desaparición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, ha determinado que la inacción gubernamental configura un ejemplo grave de impunidad y ha iniciado un procedimiento para demandar al Estado mexicano por responsabilidad internacional.
Violencia contra periodistas
Este caso se suma a los más de 150 registrados en México de periodistas asesinados o desaparecidos desde el año 2000, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, sólo superado por naciones en guerra civil.
De ese número, un porcentaje menor al 10% ha sido esclarecido y castigado.
“La impunidad es algo que alimenta un sentido de vulnerabilidad en el ejercicio cotidiano del periodismo”, aseguró Lourdes Lugo, ahora directora editorial de El Imparcial; en 2005, cuando Alfredo fue desaparecido, formaba parte del equipo de reporteros.
“A pesar del tiempo transcurrido, 16 años, ese sentimiento sigue siendo claro entre nosotros. Nos hace temer que puede volver a pasar, a cualquiera de nosotros. Lo mismo ocurre en las redacciones de medios de comunicación de todo el país. Los ataques siguen y siguen… es una señal de que puedes matar a un periodista y no pasa nada”, dijo Lugo.
Desde la desaparición de Jiménez Mota, añadió, “no se logra tener paz, porque no tienes explicación de lo que pasó, no tienes resultados, no sabes qué pudo haber sucedido, nada. Sólo muchas preguntas sin respuesta”.
Expediente abierto
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un expediente abierto, sin que se conozcan avances en las indagatorias, tampoco entrega informes a la familia del periodista desparecido o a sus representantes legales.
En contraste, testimonios recogidos por colegas de Jiménez Mota apuntan hacia la presunta complicidad en su desaparición de ex funcionarios públicos federales y locales y, como brazo ejecutor, al grupo criminal Los Salazar, ligado al Cártel de Sinaloa.
“El año pasado vinieron los de la FGR. Creo que pusieron a otra fiscal. Dijeron que estaban trabajando, retomando ¡22 líneas de investigación!… (pero) no sabemos nada… igual por la pandemia se olvidaron del asunto”, informó José Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista.
Exigencia internacional
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH, de la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, la demanda de exigir al Estado mexicano una respuesta al virtual cierre de las investigaciones.
Tras años de revisiones y de una espera infructuosa por señales de que el caso fuera procesado con diligencia, la Comisión ha hecho un llamado perentorio por conducto de la Secretaría de Gobernación, sin resultados hasta ahora.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, abordó este tema durante una conferencia en Palacio Nacional, el pasado 8 de abril.
“Hemos requerido información a la Fiscalía por la Libertad de Expresión… nos ha señalado que se reserva la información por formar parte de una averiguación; esperemos que esta fiscalía especial dé cuenta de avances en torno a este caso de desaparición…”. Encinas declinó hacer declaraciones para la elaboración de este reporte.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, de la referida Secretaría de Gobernación, dijo que la FGR les entregó “una ficha muy general”.
“Éste es un caso emblemático, pues evidentemente (la cerrazón) se multiplica en otras investigaciones. Si no tenemos acceso al expediente, correríamos el riesgo de revictimizar a los familiares para que tengan que repetir todo lo que han dicho por años dentro de las fiscalías”. Es decir, empezar desde cero, 16 años después.
Tampoco hay un seguimiento por parte de los órganos que constitucionalmente deberían hacerlo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual mantiene abierto el expediente 2005/1515/Q sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.
Pero desde hace más de tres años no se ha pronunciado sobre la falta de justicia y avances del caso.
En este reportaje para la Alianza de Medios Mx se solicitó –desde el pasado 15 de abril– información sobre el estado que guarda el expediente de Alfredo Jiménez Mota a la Fiscalía General de la República, pero tampoco respondió, a pesar de que se venció el plazo legal para ello.
Tanto Gobernación como la FGR han desoído la petición de la CIDH para que la familia de Jiménez Mota o sus representantes legales tengan acceso a las investigaciones.
De persistir la cerrazón oficial al respecto, la Comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentada en Costa Rica, para dar paso a un juicio que derive en una condena internacional sobre el Estado mexicano mediante sentencia con efectos vinculantes, obligatorios.
