Abr 23, 2018 | 0 Comentarios

Preocupante el incremento de la protesta social en Oaxaca.

“El bien común requiere del debate de ideas. Los seres humanos necesitan reunirse y expresarse, y trabajar juntos por el bien común. Hacer a sus líderes gente responsable y pedirles rendición de cuentas. Estos derechos como tales no fomentan la violencia, por el contrario, nos resguardan de ella. Ignorar las demandas sociales ya no es una opción. Es hora de escucharlas, tenerlas en cuenta y avanzar hacia la sociedad de derechos que se ha prometido construir.”

Así comienza el tratado sobre “PROTESTA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS, Estándares internacionales y Nacionales” publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)”[1]

En el estado de Oaxaca durante el año 2017 se registraron casi 5,100 protestas sociales nos referimos a marchas, bloqueos, mítines, toma de edificios públicos, cierre de comercios, etc. un promedio de 14 por día, 1 protesta cada 2 horas. La ciudad capital es la más afectada por ser la sede de los poderes Estatales y de las representaciones Federales. 2016 manifestaciones tuvieron lugar en nuestra capital durante el 2017.

Para el 2018 las cosas no pintan mejor, de enero a marzo se han registrado 1,194 manifestaciones en todo el estado.

Durante el 2017 las manifestaciones de la Sección XXII del SNTE representaron menos de la quinta parte  con 897, el resto 4,203 fueron realizadas por organizaciones de la sociedad civil distintas a la referida.

Los costos de estas manifestaciones son incuantificables, en el ámbito económico, se dan cierres de comercios con la consecuente pérdida de ventas y utilidades;  en el ámbito familiar la baja en el ingreso a causa del ausentismo laboral y el despido de empleados. En lo que se refiere a la movilidad, se generan severos problemas de tránsito y una operación deficiente del transporte público con costos similares a los ya comentados. Incuantificable y quizá más severo es el enojo social provocado por los hechos descritos que llega a enfrentar a la ciudadanía con estos grupos sociales dañando más el ya deteriorado tejido social.

La creciente tendencia de la protesta social en Oaxaca es preocupante, sabemos que este problema no nació con esta administración, que lleva décadas cultivándose pero la sociedad ya no aguanta más, urgen soluciones.

COPARMEX ha sido claro y enfático, NO ES LA FUERZA PÚBLICA LA SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA, sino la gestión política eficiente y oportuna, el cumplimiento de las promesas de campaña, la transparencia en la gestión pública, la creación de empleos formales y bien remunerados y, muy importante, el combate contundente e inobjetable a la impunidad.

Es deber del Estado promover el bien común, para lo cual debe contribuir a la creación de las condiciones sociales que permitan a todo ciudadano su mayor realización material y emocional posible, con pleno respeto a los derechos y garantías de terceros. En este quehacer el Estado oaxaqueño ha fallado.

No es una labor fácil el gobernar por eso nuestra constitución otorga el derecho a todo ciudadano a ser votado así mismo los ciudadanos que aceptan cargos públicos juraron cumplir y hacer cumplir estos preceptos.

Este es el mensaje que hemos transmitido al Titular del Ejecutivo así como a sus diferentes Secretarios desde el inicio de la Gestión de este Consejo Directivo y con mayor énfasis desde el pasado 28 de Febrero en que se estableció una mesa de diálogo permanente con el Gobierno Estatal en las Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la cual se han llevado ya 12 reuniones, y es este el mensaje el que estamos transmitiendo y exigiendo la toma de compromisos a los candidatos a Diputados, Senadores y Presidentes Municipales que contienden en el proceso electoral corriente.

COPARMEX ha presentado propuestas y estamos a la espera de la opinión sobre la viabilidad de estas así como conocer las de los actores del estado.

Atentamente

El Consejo Directivo de COPARMEX Oaxaca 2016-2018

Raúl Ruiz Robles

Presidente

[1] Protesta Social y Derechos Humanos, Estándares Internacionales y Nacionales, Instituto Nacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Diciembre de 2014, ISBN 978-956-9025-67-9

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