El País.
Oaxaca. Miguel Barbosa muerde un limón para digerir todo lo que ha pasado en Puebla estos días. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT) para gobernador de la entidad se ha atrincherado en un lujoso hotel de la capital mientras se resuelve el que ha sido, y está siendo, el proceso electoral más violento y farragoso de todo el país. Mientras en el resto de México los rivales admitían unas derrotas «justas» y reconocían al nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, como absoluto vencedor, en este Estado seguro y próspero del centro del país sucedieron algunos eventos que recordaron a otros tiempos: robo y quema de urnas, balaceras, batallas campales entre miembros de los partidos y el descubrimiento de una presunta sede secreta que acumulaba material electoral. Cinco días después de la elección, nada está decidido en Puebla.
Cerca de las cinco de la tarde del domingo, una camioneta que circulaba a gran velocidad se estrelló y volcó sobre una carretera de la capital. «Estaba huyendo», aseguran los testigos en diferentes vídeos difundidos en las redes sociales. En el maletero llevaba cientos de boletas marcadas que presuntamente habían sido robadas de un colegio electoral de la ciudad y el vehículo mostraba rótulos del Gobierno estatal —aunque en un comunicado se aclaró que había sido vendido en 2015—. Los dos conductores permanecían en una de las aceras sin poder moverse, empapados en sangre. Habían sido linchados. «Esa fue una de las primeras señales de que se podía estar fraguando algo mucho mayor el mismo día de las elecciones», comenta José Juan Espinosa, diputado de la coalición Juntos Haremos Historia.
Poco antes, en diferentes puntos del Estado, incluida la capital, alrededor de la una de la tarde, unos grupos armados irrumpieron en los colegios electorales a punta de pistola para llevarse urnas (al menos 45) y dispersar las colas de gente que estaba esperando a su turno para votar. «Los vecinos se tiraban al suelo, esperaban a que pasara todo desde ahí y se levantaban después para seguir formados», cuenta una reportera local que vivió la jornada en la capital poblana.
Las encuestas de salida —gestionadas por empresas privadas— daban como vencedor a Barbosa desde el mediodía del domingo. Habían ganado también la mayoría de diputaciones federales, el Congreso local y la alcaldía de la capital. Pero todo cambió unas horas más tarde para el cargo del Gobierno estatal. Los resultados preliminares del Instituto Electoral arrojaron un cambio radical. La ganadora (por una diferencia de cuatro puntos) sería Martha Erika Alonso, del Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), esposa del anterior gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle. Y todo estalló.
Tanto sus rivales como diferentes organizaciones civiles acusan a Moreno Valle de ostentar todavía el poder de las instituciones y sospechan que la candidatura de su esposa suponga una extensión de su mandato. Este panista convirtió su Gobierno (de 2011 a 2017) en un «régimen autoritario», según algunos historiadores y politólogos reconocidos, como Juan Luis Hernández Avendaño, que han descrito su legislatura como un ejemplo del «caciquismo» característico de algunas zonas del país: control de los programas sociales, de la Policía y de la prensa bajo su figura. Hay quienes incluso han bautizado una nueva corriente política, que nada tiene que ver con su partido (PAN): el morenovallismo.
El martes por la tarde, los miembros de Morena ya estaban movilizados. Y recibieron un aviso: en el Hotel MM de Puebla se había detectado un movimiento extraño de supuestos vehículos oficiales. Uno de sus representantes, el diputado José Juan Espinosa, se acercó de incógnito con dos colaboradores a las instalaciones del recinto. Y entró a un salón donde, según asegura a este diario, encontró actas originales —»que deberían estar en posesión del órgano electoral y no de un partido»—, sábanas de resultados —»que deberían estar en las puertas de los colegios para informar a los vecinos»— y computadoras. «El PREP [conteo preliminar oficial] lo estaban alimentando desde ahí. La mayoría de los paquetes electorales y las actas ni siquiera habían llegado a los órganos oficiales. Acabábamos de destapar el mayor fraude electoral de la historia de la entidad», declara un día después de lo sucedido, todavía sin dormir. Este viernes la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha concluido, no obstante, en un comunicado que el material requisado en el hotel —unas 30 cajas— no es ilegal, sino que formaba parte de las copias que le correspondían a la formación.
Por su parte, el portavoz de la coalición del Frente, Max Cortázar, señaló a este diario: «Ahí no había ningún material fuera de la ley, lo que teníamos eran las copias que nos correspondían». Y sobre las sábanas alega: «Yo no vi una sola. Pudieron haberlas llevado ellos».
Espinosa, escondido en un baño del hotel, avisó a sus compañeros por teléfono. Pronto llegaron decenas de ellos acompañados de la prensa local. Abrieron a golpes las puertas cerradas del enorme salón y se enfrentaron unos y otros como en una batalla campal. Con sangre en la camisa desabrochada, Espinosa mostró ante los medios de comunicación parte del material encontrado. Alrededor de una hora después, llegó el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fepade y se llevaron detenidas a 62 personas que trabajaban en aquella presunta operación.
Este jueves la PGR procesó a uno de los conductores de la camioneta que contenía papeletas originales de las elecciones y con ello reconoce que se pudo haber cometido al menos un delito electoral en ese caso. «Lo más lógico sería anular la elección», apunta el experto Santiago Nieto, extitular de la Fepade y enviado del equipo de López Obrador para investigar si hubo fraude en la entidad. «Pero eso lo tendrá que decidir Miguel Barbosa», añade.
— ¿Se han planteado pedir la anulación?
— A ver, yo gané. ¡Yo gané! No quiero pensar en una repetición de las elecciones, quiero que se reconozca mi triunfo.
Insiste una y otra vez el candidato Barbosa en una entrevista a este diario. Obsesionado con el control que dice ejercer todavía el exgobernador Moreno Valle sobre la entidad, lo acusa de toda la violencia desatada en la jornada del domingo, pero sobre todo, de haber perpetrado un «golpe electoral de dimensiones incalculables». Desde el martes pidió que se abrieran los paquetes electorales y se contaran uno a uno los votos, pues sospecha que las actas que se enviaron (con los resultados definitivos) pueden ser falsas. El organismo accedió a abrir alrededor del 6% de ellos este jueves y, según los cálculos de Morena, los resultados añadieron «casi 40.000 votos» a su favor, aunque el organismo oficial no lo ha confirmado todavía. La diferencia con su principal rival sigue cerca de los 100.000.
Desde la coalición de Martha Erika Alonso niegan rotundamente que la violencia desatada el domingo haya tenido que ver con su formación. Y acusa a los miembros de Morena de irrumpir violentamente en una sede improvisada de su partido mientras ellos hacían sus propios cálculos. «No entendemos por qué hicieron eso. Quizá no querían que tuviéramos esa prueba para demostrar la victoria en la elección. Y desde ya les pedimos que dejen la violencia», añade Cortázar.
El cómputo todavía no ha terminado. El plazo límite es hasta este domingo. Muchos consejos distritales sufrieron retrasos en sus conteos (que debían haber comenzado el miércoles a las 8:00 horas) pues, en unos, alegaban que la seguridad no estaba garantizada y en otros, que las actas de los partidos no coincidían y no se ponían de acuerdo. Cinco días después de las elecciones, Puebla sigue siendo tierra de nadie.
