• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboraron una Guía para detectar e investigar el delito de trata de personas, con fines de explotación laboral y trabajo forzado
• Durante la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrian, y Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la PGR destacaron su elaboración
• Propone, entre otros temas, que durante los procesos de inspección, por parte de las Delegaciones Federales del Trabajo, de la STSP, se recabe información para el Ministerio Público, a fin de que sea útil en la investigación, protección y atención de víctimas y establece los criterios para que las autoridades de inspección y ministeriales se reúnen en caso de que la sospecha de hechos probablemente delictivos que hayan sido observado
Durante la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social destacó ante Procuradores de todo el País, la elaboración de la “Guía para la detección de posibles casos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzado, en centros de trabajo agrícolas”.
Campa Cifrián aseguró que este proyecto orienta a las autoridades de inspección sobre la información que es útil al Ministerio Público en torno al delito de trata y dijo que es el resultado de la implementación de políticas integrales que garanticen mejoras en las condiciones y protección de los derechos de jornaleros, acordados en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, en su Primera Sesión de Febrero pasado.
El documento indica que las autoridades de inspección y ministeriales se reúnan a petición de una de ella, conforme a la sospecha de hechos probablemente delictivos que sean observados y determina indicadores de confinamiento; de engaño; de hacinamiento y malas condiciones de vida; de malos tratos; de explotación y en los casos de menores de edad.
Cita las características de los factores de riesgo en campos agrícolas y se explican las figuras de “enganchadores, y “coyotaje”; define la manera de identificar la vulnerabilidad de las víctimas, atendiendo la perspectiva de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado.
“Orienta a las autoridades de inspección, sobre la información que es útil al Ministerio Público en torno al delito de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso; determina las características de los factores de riesgo en campos agrícolas, así como los elementos de quienes operan como “enganchadores” o asumen otros roles en perjuicio de jornaleros y contribuye a identificar la vulnerabilidad de las víctimas, tomando en cuenta perspectivas de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado”, explicó el Secretario del Trabajo.
En su intervención, Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, reconoció la participación de los secretarios del trabajo de los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerreros y Oaxaca, así como los representantes de los estados de Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, quienes acordaron generar esquemas de colaboración en sus entidades para una atención integral, oportuna y eficaz a la población trabajadora así como proteger su integridad y la de sus familiares.
