Pese a dinero invertido se incumplen metas mínimas de evaluación de desempeño, capacidades básicas y control de confianza. Se gasta dinero pero se desconoce beneficio, reveló la Auditoría Superior de la Federación.
En 2017, el gobierno federal entregó casi 5 mil millones de pesos a los municipios del país para subsidiar la capacitación y evaluación de sus policías. Sin embargo, tras concluir el año, apenas 10 mil de los más de 300 mil agentes municipales acreditaron tener las habilidades básicas mínimas para desempeñar el trabajo. Entre esas habilidades se encuentra, por ejemplo, saber disparar un arma de fuego, o hacer una detención de manera legal.
¿La razón? Pese al dinero invertido y los subsidios entregados, los municipios solamente consiguieron evaluar en habilidades básicas a 13 mil agentes municipales, de los cuales, aproximadamente 1 de cada 4 no pasaron la prueba.
“Por lo anterior en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desconoció si el 97 % (328 mil 112) de los 338 mil 343 elementos policiales en activo contaron con las competencias básicas para desempeñar sus funciones, debido a que únicamente 10 mil 231 elementos obtuvieron la acreditación en dichas prueba”, señala la Auditoría Superior de la Federación.
Esto forma parte de los resultados de una auditoría de desempeño al Sistema Nacional de Seguridad Pública para evaluar el uso, aplicación e impacto que en 2017 tuvieron los subsidios por 4,971 millones 700 mil pesos que la Secretaría de Hacienda transfirió a 300 municipios de los 32 estados del país, como parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
Además de los hallazgos en la deficiente evaluación y capacitación, los auditores determinaron que no existen indicadores para dar seguimiento al uso adecuado de los recursos en los municipios y, en consecuencia, tampoco hay certeza del impacto y beneficios que genera la transferencia de todo este dinero.
“En síntesis se carece de información confiable sobre los resultados obtenidos mediante la implementación de todo este programa presupuestario”, señala la ASF.
La capacitación de más de 300 mil policías municipales para la cual se destinan estos subsidios, se queda corta desde el diseño de las metas de evaluación.
Un ejemplo de ello es el tema de las competencias o habilidades básicas. La evaluación de las mismas, explican los auditores, tiene la finalidad de determinar “si los elementos que integran las instituciones de seguridad pública cumplen con las capacidades de armamento y tiro policial; acondicionamiento físico y defensa; conducción de vehículos policiales; detección y conducción de personas; manejo de bastón PR-24”.
Se trata de saber si los agentes cuentan con los conocimientos elementales para ser un policía. Por ley, se tienen que acreditar estas competencias básicas cada tres años.
En México, hay 338,343 policías municipales en activo, pero la meta fijada por el Sistema Nacional de Seguridad de evaluación de competencias básicas en 2017 fue de 35,549 agentes. Es decir, el objetivo era evaluar apenas a un 10 % del estado de fuerza total con el que se contaba.
Esa meta mínima tampoco se alcanzó, pues al cierre del año solo se acreditó la evaluación de competencias básicas de 13,574 elementos, el 38 % de lo que se había marcado como objetivo.
Y si a eso se suma que de los policías evaluados hubo 3,343 que no aprobaron (en promedio 1 de cada 4), el saldo final es de solo 10,231 policías municipales con las competencias mínimas certificadas, de los más de 300 mil en activos que hay en el país. Esto equivale a un 97 % de la fuerza policial no certificada en habilidades básicas.
“Hay serias deficiencias en el proceso de planeación y de programación para determinar las metas anuales en la aplicación de las evaluaciones de competencias básicas y de desempeño, ya que no se consideró la capacidad operativa real y la asignación de recursos”, indica el informe de los auditores.
Las mismas deficiencias observadas en el área de competencias básicas se extienden a otro tipo de evaluaciones. Por ejemplo, la obligación de evaluar el “desempeño” de los policías y sus grados de eficacia y eficiencia. Son pruebas que también deben hacerse cada tres años.
Lo que los auditores encontraron fue que la meta a cumplir era demasiado corta: apenas 43,808 de los más de 330 mil agentes en activo. Pese a esto, no se cumplió el objetivo pues al cerrar el año solo se había evaluado en desempeño 36,450 elementos (el 83 % de lo presupuestado y el 10 % del estado de fuerza total).
Hubo casos como Nayarit, donde no fue evaluado el desempeño de un solo elemento de la policía municipal. Cuestionado por los auditores sobre esta situación el SESNSP respondió que “no tiene la facultad de incidir en la decisión de Nayarit o de cualquier otro municipio de evaluar o no a los integrantes de sus instituciones de seguridad pública”.
Otra meta incumplida fue la de evaluar en control de confianza (polígrafo, salud, habilidades, entorno socioeconómico) a los policías municipales. En este caso la meta que se había fijado era un poco más ambiciosa: evaluar a 84, 261 agentes en total, que equivalía al 25 % del estado total de fuerza. Pero tampoco se logró.
El análisis de los auditores arroja que al finalizar 2017 se reportaron a 69,309 elementos evaluados en control de confianza, que equivale al 82 % de la meta que se había planteado. En consecuencia, esto significa que menos de la cuarta parte de todos los policías municipales en activo fue examinada en control de confianza el año pasado.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo justificó que hay imprevistos que dificultan la aplicación de las evaluaciones, como la inasistencia de los policías a las fechas de evaluación, las bajas de personal, las incapacidades o comisiones especiales a las que se asignan a los elementos.
En cuanto a temas de capacitación, área para la cual también están destinados los recursos del subsidio, el informe arroja que se capacitó a 186,233 policías municipales. Esta cifra se encuentra por encima de la meta planteada, sin embargo, se trata apenas del 55 % del estado de fuerza total de agentes que hay en activo.
¿Dinero tirado a la basura?
En su informe de resultados la ASF considera que los subsidios que se otorgan a los municipios para la capacitación y evaluación de los agentes municipales con el objetivo de fortalecer la seguridad del país operan “de manera inercial y con deficiencias”.
Esto se debe a que el dinero que se pacta entregar a los municipios y queda signado en el Presupuesto de Egresos de la Federación sí se distribuye, sin embargo, su mera repartición no implica que con ello los resultados sean positivos, pues se carece de los indicadores adecuados para el seguimiento, por lo que no se sabe si el dinero tiene alguna utilidad real.
Lo que los auditores encuentran al auditar el manejo de estos recursos es que el ente coordinador -en este caso el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- no realiza realmente un seguimiento a profundidad sobre la forma en cómo se maneja el dinero y tampoco pide cuentas precisas sobre lo mismo.
No hay forma de medir el impacto que tiene la aplicación de los recursos pues desde el diseño de los planes se carecen de indicadores adecuados para ello. Se dice que se apoya a los municipios para fortalecer a sus corporaciones de policía y en consecuencia abatir la violencia y mejorar la seguridad, pero no hay evidencia de que ello esté realmente sucediendo.
Y menos cuando las cifras de incidencia delictiva en el delito de mayor impacto, el homicidio, hoy se encuentra en niveles récord.
“Se desconoce la contribución del subsidio en el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública al no contar con indicadores que le permitieran (al SESNSP) medir el avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, y careció de información confiable sobre los resultados obtenidos mediante la implementación del programa presupuestario”, dice la ASF.
La auditoría extendió al SESNSP un total de ocho recomendaciones de desempeño para que se corrija esta situación, y a su vez una sugerencia a la Cámara de Diputados para que se revise la forma en cómo se asignan estos recursos y se evalúe la pertinencia de condicionar estos recursos a los municipios a cambio de demostrar su correcta aplicación.
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