Un informe especial de la Auditoría Superior sobre este programa documenta también que recursos para la reconstrucción tras los terremotos de septiembre llegaron a estados que no sufrieron afectaciones.
El programa “Escuelas al CIEN” para mejorar la infraestructura educativa benefició en 2017 sobre todo a colegios de municipios ricos, en lugar de pobres, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe especial sobre este programa.
De los 13,706 planteles atendidos, casi todos de educación básica, más de 5 mil (el 37.1 %) están en lugares considerados de rezago social muy bajo, lo que contrasta con el hecho de que estos municipios son sólo el 7.2 % del territorio nacional.
En cambio, el programa solo llegó a 794 colegios (el 5.8 % del total) ubicados en municipios de rezago social muy alto, y a 1,801 (13.1 %) de rezago alto, categorías en las que se encuentra el 45 % del país.
Por ejemplo, Mexicali, Baja California, concentra el 51.6 % de las escuelas beneficiadas en esa entidad, la mayor proporción para un solo municipio a nivel nacional. Mientras que en Guerrero sí hay un municipio pobre que concentra la mayor cobertura, Tlapa de Comonfort, pero es apenas el 6.6 % de lo atendido en el estado.
“26 de las 32 entidades federativas tienen vigente el programa en municipios con el menor de los rezagos, esta situación refuerza la hipótesis de que los recursos del programa no se aplican en los lugares con mayores carencias del país y donde la posibilidad de encontrar mala calidad de infraestructura es mayor. (…) La finalidad de este y otros programas de apoyo a la ciudadanía descansa en que sus consecuencias sociales beneficien de manera directa aquellas localidades donde sean más necesarias y es precisamente en las zonas más marginadas donde debiera acoplarse mejor, situación no detectada en la distribución geográfica del Programa Escuelas al CIEN”, reclamó la ASF.
El informe destacó el caso de Oaxaca, donde sí hay una mejoría en cuanto a cobertura, ya que en 2016 era el estado menos atendido y un año después pasó al sexto puesto, pero en cuanto a dinero otorgado, se quedó en el penúltimo lugar.
El programa ha incumplido en general con sus metas de cobertura, ya que sólo han reportado acciones terminadas unos 11 mil centros escolares de los 13 mil beneficiados desde que arrancó, en 2015, hasta diciembre de 2017, y éstos representan apenas el 40 % del total de 33 mil 852 que se pretende alcanzar para el cierre de 2018.
El presupuesto total para esa meta es de 50 mil millones de pesos, de los que hasta ahora han sido ejercidos 13,010 millones, un 26 %. El dinero para el programa de “Escuelas al Cien” no proviene del Presupuesto de Egresos, sino del Fondo de Aportaciones Múltiples y de unos certificados de inversión que emitió el gobierno en 2015, los “Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN)”.
La Auditoría advirtió un riesgo porque no todos los centros de trabajo cuentan con comité de vigilancia, por lo que la supervisión está por debajo de lo esperado. También llamó la atención sobre el hecho de que los Institutos de Infraestructura locales reportan más acciones de lo que el propio personal de las escuelas reconoce. Además, de las obras realizadas en los planteles, la más frecuente es colocación de pintura.
Tras los sismos se atendió a escuelas en estados no afectados
Aunque en general se aumentó la ayuda para las escuelas de las 10 entidades donde hubo daños por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la auditoría detectó que al menos nueve estados se beneficiaron también con dinero destinado a la reconstrucción.
“De lo reportado por los INFE (Institutos de Infraestructura Física Educativa), sobresalen San Luis Potosí y Sinaloa que, aun y cuando no se encuentran en la lista de entidades afectadas por los sismos, se les otorgaron recursos por ese motivo, en un total de 24 y 16 Centros de Trabajo, respectivamente”, señaló el informe.
Otros estados con algún colegio beneficiado, a pesar de que no estaban en la lista de los que sufrieron consecuencias por los terremotos, fueron Veracruz, Tabasco, Jalisco, Baja California, Querétaro, Zacatecas y Durango.
Mientras tanto, en el Estado de México recibieron ayuda sólo 172 de los 458 planteles afectados.
“En el caso de eventos atípicos, como los sismos, el Inifed debería realizar las gestiones necesarias ante quien corresponda, a efecto de coordinar y justificar la asignación de recursos con diferentes fondos y programas para así lograr una atención más eficiente, con lo que se lograría una fase de reconstrucción más rápida”, recomendó la ASF ante esta irregularidad.
Otros programas de infraestructura se van en bebederos
Entre las evaluaciones dadas a conocer por la ASF el pasado miércoles estuvieron otras a programas para mejorar escuelas que no han dado los resultados óptimos.
La auditoría 2017-0-11100-07-0148-2018 a Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica señaló que en 2017 el Programa de la Reforma Educativa ejerció un presupuesto de 2 mil 685 millones de pesos (70 % menos de lo que tuvo en 2014), y el 42 % de eso, mil 141 millones, lo destinó a bebederos.
El plan era instalar estas fuentes de agua en 8 mil escuelas, el 7.1 % de los planteles de educación básica considerados población objetivo. Pero de los seleccionados, en 150 no había conexión a la red de agua potable y de 240 no había información sobre sus condiciones básicas.
La auditoría cuestionó, además, las prioridades en esos 8 mil colegios: el 98.5 % tiene problemas de seguridad estructural; el 97.8 %, con sus instalaciones sanitarias, y el 95.4 % carece de mobiliario y equipo para las aulas.
“Por lo que, a pesar de que los inmuebles tenían otras necesidades consideradas como prioritarias, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el INIFED, se decidió instalar sistemas de bebederos escolares”, cuestionó.
Lo peor es que al cierre de la auditoría, todavía no se habían puesto los bebederos comprometidos para el ciclo 2017-2018.
Otro incumplimiento de infraestructura se dio en el programa “Habilidades Digitales”, de la Coordinación General @prende.mx, destinado a promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en escuelas públicas.
De acuerdo con la auditoría 2017-5-11N00-07-0167-2018, el dinero destinado en 2016 y 2017 para equipar aulas en mil escuelas, 719 millones de pesos, simplemente, no se usó.
“Situación que fue originada por deficiencias en el diseño de los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa, en materia de desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional, y la falta de observancia de la entidad fiscalizada de su cronograma de trabajo, que retrasó la selección de escuelas públicas a beneficiar en el ciclo escolar 2017-2018, y el proceso de licitación para la contratación de los proveedores que realizarán los trabajos de equipamiento”, explicó la ASF.
Esto afectó a 301,778 estudiantes y 14,385 maestros que no tuvieron aulas digitales para aprender computación.
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